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Carta al Director en El Mercurio: Movilización de los fiscales

Señor Director:

Nos llama poderosamente la atención el infundado interés de algunos medios de comunicación al expresar su preocupación por el fortalecimiento de la Fiscalía, en momentos en que el país requiere no solo luchar por más transparencia, sino que, y sobre todo, por una institución fuerte que enfrente el delito en todas las esferas sociales y con recursos adecuados para hacerse cargo con seriedad de la esencia de su misión.

El editorial en comento (publicado ayer) parte de algunas premisas inexactas, dando cuenta que nuestra jornada de movilización -no de paro, en estricto rigor- ha sido materializada no por intereses de nuestra comunidad, sino que corporativos o de clase. Hemos de reiterar que nuestra preocupación central es y siempre ha sido la comunidad, cuyas inquietudes son las que animan la actividad de la Asociación de Fiscales.

En particular, no existe un malestar del gremio por -supuestamente- no haber sido oídos. El país nos ha escuchado y ha entendido nuestras demandas, pues hemos entregado razonables aportes y planteamientos a los legisladores, que explican y respaldan la lógica del proyecto de fortalecimiento del Ejecutivo. El origen de la molestia que nos imputa el editorial no es tal. Nuestro interés se centra en poner término a la dilación que no es coherente con las reiteradas urgencias dadas por la Presidenta de la República al proyecto. Cabe observar, además, que dicho editorial tampoco se hace cargo de la necesidad de cambios estructurales que el proyecto recoge, los que han sido fundados en informes técnicos de entidades nacionales e internacionales de prestigio que han sido, a su vez, parte esencial de la agenda de dos gobiernos de distinto origen político y respaldados por expertos en la materia.

El editorial asume respecto de la estructura del Ministerio Público, y como dogma, una minoritaria postura académica que sostiene la precariedad del tránsito de los fiscales en la institución y consecuencialmente la feble figura del investigador penal, cuestión que en definitiva perjudica a la comunidad a la que debemos servir.

Cabe, además, clarificar que las normas existentes en el proyecto disponen controles sobre los recursos asignados para esta gran transformación, cuyo objetivo -como lo ha manifestado el Ejecutivo en su mensaje- es fortalecer a la entidad que representa los más genuinos intereses de la sociedad en su lucha contra el delito, sea quien fuere el sujeto objeto de dicha persecución.

MARCELO LEIVA PEÑA

Presidente (s)

Asoc. Nacional de Fiscales del Ministerio Público