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PUBLICADO EN DIARIO EL SUR, 03 DE MAYO, PÁG 6
AUTOR: GONZALO PIZARRO GARCÍA
Los fiscales a nivel regional rechazaron el contenido del proyecto de ley de Fortalecimiento del Ministerio Público que ingresó a la Cámara de Diputados para iniciar su tramitación.
A pesar que localmente, siguiendo la postura presentada a nivel nacional por los persecutores, se valoró que el Gobierno cumpliera con los plazos comprometidos para presentar la iniciativa legal, ésta no incluye directamente peticiones históricas de los profesionales.
Jorge Lorca, presidente (s) regional de la asociación gremial que reúne a los fiscales, comentó que “no se considera un abogado ayudante del fiscal, quien pueda reemplazarlo cuando esté momentáneamente impedido de atender. Sobre la carrera funcionaria tampoco se consideró, sólo se estipula un sistema parcial de promoción interna, la que depende de la renuncia de otro fiscal”, explicó Lorca.
¿Más fiscales?
Hay que considerar que el trabajo llevado a cabo por los fiscales genera gran estrés. El año pasado 61 fiscales a nivel regional atendieron 2.342 denuncias en promedio.
Una de las consideraciones más llamativas del proyecto es la inclusión de 70 nuevos persecutores a nivel nacional, además de otros 300 funcionarios.
Aún se desconoce qué cantidad de abogados se destinará a cada región, pero Lorca afirmó que basta sacar las cuentas para confirmar que no serán muchos. “En el país hay 18 fiscalías regionales, de las cuales 4 están en la Metropolitana. Además hay que considerar que se crea la Fiscalía de Alta Complejidad, que será una suprafiscalía que tendrá 25 fiscales y estará ubicada en Santiago”, indicó el dirigente gremial.
FISCAL REGIONAL
El fiscal regional, Julio Contardo señaló sobre el proyecto que “es un paso importante, pero no el definitivo, ya que, tal como señaló el fiscal nacional, el contenido de la iniciativa es insuficiente porque sólo contempla un incremento de 70 fiscales y 300 funcionarios, siendo que a partir de los estudios que organismos internacionales hicieron a la realidad de la carga laboral de nuestra institución, solicitamos incorporar, al menos, 181 nuevos fiscales y 694 funcionarios”.
“Nos damos cuenta que no se da respuesta a la demanda de fortalecer las plantas de las fiscalías locales, donde tenemos un déficit de recursos humanos”, dijo.
A pesar de esto, destacó que el Gobierno haya cumplido con el compromiso de ingresar en esta fecha el proyecto y que se escucharan las peticiones para crear instancias como la Fiscalía de Alta Complejidad (para causas de mayor gravedad como terrorismo o tráfico de drogas, por ejemplo), Unidades de Análisis Criminal y las Unidades de Tramitación de Causas de Menor y Mediana Complejidad (TCMC).
PRIMERA REFORMA
El seremi de Justicia, Roberto Coloma defendió el esfuerzo y la voluntad que hace el Ejecutivo por mejorar el funcionamiento del ente persecutor.
“Esta es la primera vez desde que se instaló la Reforma Procesal Penal que un gobierno se hace cargo de los requerimientos del Ministerio Público y los traduce en un proyecto de ley de fortalecimiento de la institución”, señaló.
Afirmó que la iniciativa contempla una inyección importante de recursos, del orden de los $15.000 millones de pesos para un presupuesto anual de $116.0000 millones de pesos.
“Además se hace cargo de una serie de requerimientos planteados en distintas mesas de trabajo en las que se hizo mención de las necesidades de las fiscalías para ejercer la persecución penal”, indicó.
Reconoció que no se recogen la totalidad de las peticiones gremiales de los fiscales, pero si prácticamente la totalidad de lo expuesto en las mesas de trabajo.
Sobre la cantidad de abogados que se sumarán a la labor en nuestra zona, Coloma afirmó que ese dato se desconoce. “No me atrevería a aventurar cifras concretas. Es un proyecto que va ingresando a tramitación parlamentaria, seguramente en su discusión se van a aterrizar los números y abordar distintos aspectos del proyecto”, dijo.
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